El descenso de los precios de los commodities y el crecimiento más lento de China han deteriorado las economías latinoamericanas y la principal preocupación son los planes de infraestructura de la región.

Si bien el capital de inversión, que puede conseguirse mediante asociaciones público-privadas, puede cerrar la brecha en infraestructura, en algunas ocasiones los gobiernos locales carecen de las herramientas y el conocimiento para ejecutar obras de manera de beneficiarlos a todos.

El asunto de desarrollo de infraestructura para mejorar la conectividad interregional sigue siendo un elemento importante en carpeta, pero la integración binacional es nimia.

Por otra parte, la región -al igual que gran parte del mundo- se está adentrando en una nueva etapa de desarrollo sostenible, que demandará una nueva manera de considerar y abordar las obras
públicas.

BNamericas conversó con Enrique Lillo, director de la consultora con sede en Madrid Diadro Consulting sobre las asociaciones público-privadas (APP), integración y los requerimientos de infraestructura de Latinoamérica.

BNamericas: ¿Cuál es el consejo que puede dar una consultoría a las autoridades públicas que consideran emplear un modelo de asociación público privada (APP)?

Lillo: Creo que hay varios aspectos relevantes. En primer lugar, los proyectos de APP son útiles para complementar las infraestructuras de un país, pero no deben ser el único [o el principal] recurso. Los países no deben basar su política de infraestructuras únicamente en proyectos de APP, ya que lo que un inversionista privado espera de un proyecto de APP es que tenga una rentabilidad económica y hay proyectos poco rentables económicamente que tienen una rentabilidad social alta, en especial en las zonas menos desarrolladas de cada país.

En segundo lugar, se debería mejorar la definición de los proyectos. En muchos casos se han generado problemas porque el desarrollo legal, técnico y financiero de los proyectos era deficiente. Por ejemplo, en los estudios de demanda hay un sesgo optimista en la mayoría de los casos y cuando no se generan los ingresos esperados, ello crea problemas con los concesionarios y desconfianza en el sector financiero.

Por último, algunos países deberían mejorar la fiscalización de los proyectos. Los proyectos de APP son relativamente complejos y necesitan de una administración que sea capaz de llevar a cabo los proyectos, fiscalizar y en su caso corregir las desviaciones.

BNamericas: ¿Y este fortalecimiento institucional tiene que venir de las instituciones multilaterales o también pueden aportar las consultoras?

Lillo: Creo que las consultoras en ese aspecto en concreto pueden ayudar, pero fundamentalmente es una labor de la propia administración y de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales pueden proporcionar técnicos, ayuda legal, etc., pero en último término los que tienen que enfrentarse con la ejecución de los proyectos son los propios funcionarios de cada país. En muchos casos la administración está infradimensionada y faltan técnicos o tienen poco apoyo institucional. A veces los proyectos de APP crean un desequilibrio entre las partes, y en algunas ocasiones la parte más débil es paradójicamente la administración concedente; y se debería mejorar para que los proyectos fueran más exitosos.

BNamericas: Muchas veces se dice que los ciclos políticos son los que le dan incertidumbre a la planificación de largo plazo. ¿Cree usted que es tema ya superado o sigue siendo un área mejorable?

Lillo: En todos los países es mejorable, pero especialmente en algunos países de América Latina. Los planes a largo plazo son difíciles de llevar a cabo, tanto en proyectos urbanos como interurbanos de transporte. Hay muchos ejemplos de proyectos que nunca arrancaron o que la siguiente administración abandona por una u otra razón. La falta de continuidad en los proyectos y en los objetivos de infraestructura es perjudicial para los países porque se desperdician recursos escasos.

BNamericas: Dos países de la región, Argentina y Brasil, están viviendo realidades distintas. Argentina apunta a reactivar su economía con mejores relaciones con el sector privado y en Brasil hay mucho que enfrentar con los retos de desaceleración y niveles de inversión a la baja. En términos de infraestructura para impulsar crecimiento, ¿que recomendación puede dar usted respecto a los caminos que dichos países deben tomar este año?

Lillo: No tengo recomendaciones concretas, y son dos realidades diferentes. Argentina tiene un retraso en infraestructuras, ya que desde la época de los 90s no ha habido un impulso significativo. Pero también tiene que aprender de los errores del pasado, fundamentalmente aquellos que están relacionados con la seguridad jurídica de los contratos, que han alejado del país a los inversionistas durante bastantes años. Para Argentina ahora lo más urgente es recuperar la confianza de los inversionistas para poder encarar una fase de participación de empresas privadas. Mientras no se consiga va a ser difícil que exista una reactivación vigorosa de los proyectos de APP.

El caso de Brasil es algo distinto porque desde el punto de vista de los inversionistas el problema no es tanto la desaceleración económica sino la calificación crediticia del país. Es más difícil para un inversionista privado invertir ahora en Brasil por la rebaja de calificación, y es uno de los escollos para impulsar el programa de infraestructura.

BNamericas: En la región siempre han hablado del tema de integración, pero todavía no se nota mucho la conectividad entre los vecinos. ¿Cuál es la relación ideal entre los gobiernos, los consultores, los ingenieros, y otros, para desarrollar y realmente ejecutar un proyecto de esa magnitud?

Lillo: Creo que en realidad lo que falta son organismos multilaterales con más poder efectivo en Latinoamérica, aumentar el papel de Mercosur, etc., porque los proyectos que dependen solo de los aportes de los gobiernos fronterizos son muy difíciles de llevar adelante.

Tomando el ejemplo de Europa, los proyectos transfronterizos se han incrementado notablemente cuando ha habido un órgano supranacional, en este caso la Unión Europea, con poder y con recursos económicos para impulsarlos. Mientras eso no suceda es difícil que haya un cambio significativo. En muchos casos, estos proyectos dependen de los objetivos comerciales de cada país y hay países que tienen una economía más abierta y son más favorables a este tipo de proyectos, pero tal vez sus vecinos no lo sean tanto. Salvo que mejoren y se fortalezcan los organismos multilaterales latinoamericanos no es razonable pensar en un incremento notable en la interconexión de las infraestructuras de transportes.

BNamericas: Hoy en día el mundo parece estar buscando un desarrollo más sostenible. Con el acuerdo de París COP21, ¿cómo ve usted los cambios que van a suceder en el sector de infraestructura, que tiene mucho que ver con el transporte público y la logística?

Lillo: Estos cambios deberían ser mayores sobre todo en los proyectos urbanos, específicamente en los proyectos de transporte público urbano. Ahora mismo el gran reto de las grandes ciudades de Latinoamérica es tener un sistema transporte público que sea sostenible, eficiente, y de calidad. Las sociedades de los países de Latinoamérica van a pasar de tener una tasa de motorización relativamente baja a una similar a la de otras regiones desarrolladas, y se pueden generar problemas ambientales graves si no se aborda el transporte público urbano en las grandes ciudades.

Para ver la entrevista por Noah Ramirez en BNamericas pinche aquí.